Con puntualidad otoñal, la sección de planes de previsión social complementaria de bancos, gestoras y proveedores financieros diversos empieza a engrasar su maquinaria propagandística para recordar a sus actuales y futuros partícipes en planes de pensiones la perentoria necesidad de destinar parte de sus inversiones financieras hacia este tipo de productos.
De un lado, los trabajadores se jubilan en torno a los 64 años de media en España, pese a que la reforma de las pensiones de 2011 elevó la edad legal de retiro desde los 65 hasta los 67 años, planteando un incremento gradual hasta 2027: en la actualidad esta marca se sitúa en los 65 años y 6 meses.
Un total de 23.845 personas mayores de 65 años vendieron una vivienda u otro elemento patrimonial como fondos de inversión o fondos en una renta vitalicia asegurada hasta el pasado mes de septiembre, según datos de la patronal de las aseguradoras Unespa.
Un 35% de las personas receptoras de pensión por jubilación, incapacidad y viudedad considera muy buena/buena la pensión recibe mensualmente, situándose de media en 1.183€. Habiendo empezado a cobrarla a la edad media de 63 años.
El problema de las pensiones en España tiene un lado malo, pero también uno muy bueno. Si el país se enfrenta a un tsunami fiscal por la necesidad de pagar unas prestaciones crecientes partiendo de un déficit en el sistema de cerca de 19.000 millones de euros es, principalmente, porque cada vez se vive más años en España.
La Comisión Europea sigue muy de cerca las decisiones económicas que viene tomando España en materia de pensiones. Desde el compromiso adquirido por el anterior Gobierno del PP se subirlas un 1,6% en 2018 y 2019 con carácter general, y un 3% en el caso de las mínimas y las no contributivas, hasta la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de ir más allá y cubrir toda desviación del IPC por encima de estos niveles en esos años, pasando por la recomendación del Pacto de Toledo para volver a indexar las pensiones a la inflación de forma permanente.