Estudio realizado por la OIT que presenta las proyecciones del mercado de trabajo mundial para los dos próximos años, analiza los riesgos de revueltas sociales y propone políticas que atraigan la inversión y eviten las sucesivas recaídas en la recesión.
Informe elaborado en el marco del Programa transnacional Leonardo JuSCA, que desarrolla las bases del derecho de los extranjeros a vivir en familia en España, focalizándose en los extranjeros de origen extracomunitario. Analiza la situación actual del derecho a la reagrupación familiar, al matrimonio, a la separación y el divorcio así como las obligaciones y derechos respecto a sus hijos menores.
La elaboración del informe La Infancia en Cifras 2009 se apoya en el marco definido por los dos informes anteriores y a la vez se propone objetivos de mejora para seguir avanzando hacia la disposición de una amplia, continuada, sistematizada y sólida información sobre la situación social de la infancia que pueda servir como herramienta para la toma de decisiones en beneficio de los niños.
Contenido de la conferencia de la profesora de la Universidad de Navarra y subdirectora del Instituto de Ciencias para la Familia Carolina Montoro, que trata del sentido y alcance de los términos ligados al concepto de política social y política familiar, y de por qué hay que apoyar el desarrollo de las políticas familiares, para después mostrar con datos empíricos cuál es la situación de las políticas familiares en los distintos países europeos y la posición de España en concreto.
The Family Watch ha participado con este documento en la consulta puesta en marcha mediante este Libro Verde que, aunque tenga como finalidad básica facilitar la movilidad de los ciudadanos europeos —algo sin duda elogiable y merecedor de apoyo—, va mucho más allá de la simple eliminación de obstáculos burocráticos, lo que lleva a numerosos interrogantes.
Mediante este Libro Verde, la Comisión Europea "lanza una amplia consulta sobre cuestiones que abarcan la libre circulación de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil", sobre las que se argumenta que la actual situación legal crea problemas a muchos ciudadanos europeos que viven en un Estado miembro distinto del suyo —unos 12 millones, el 2,5% de la población total—, dado que su estado civil no es automáticamente reconocidos en su país de residencia, por lo que tienen que enfrentarse a pesados y costosos trámites administrativos y a múltiples inseguridades jurídicas.