Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas revela que las mujeres que dan en adopción a sus hijos recién nacidos en los centros hospitalarios lo hacen en algunos casos sin siquiera ser informadas sobre las consecuencias jurídicas de esta decisión o sin haber recibido el apoyo de un trabajador social que las guíe en el proceso.
Más de un tercio de los bebés que son dados en adopción en España son entregados en el propio hospital donde nacen. Desde 2008, la media es de 346 niños al año, según datos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. El Gobierno pretende ahora elaborar un protocolo único para todo el país que determine cómo proceder cuando estas madres que deciden renunciar a sus hijos dan a luz.
Ángel Luis Campo, el magistrado titular del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón, especializado en temas de familia, apuesta por una reforma en la tramitación de procedimientos civiles que obligue a quienes presenten una demanda por separación o divorcio a someterse a una sesión informativa acerca de la mediación.
La condición de adoptado dura toda la vida. Así lo creen las personas que pasan por este proceso que surge del abandono y que para los padres adoptivos puede significar una espera de muchos años. España es uno de los países con más familias solicitantes, cerca de 33.000, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Por este mismo motivo, en la reforma de Ley del Menor, cuyo anteproyecto ya está en marcha, el Ministerio de Ana Mato plantea algunas modificaciones.
Emilio Calatayud es un juez muy especial. Sus condenas -repoblar bosques, repartir comida entre los indigentes, impartir clases de informática o sacarse la ESO- tienen siempre como objetivo que el menor reconduzca su camino. ‘Educar en derechos y deberes: cómo ser padres en la sociedad actual’ es el título de la conferencia que el magistrado ofrece hoy en la sede coruñesa de la Fundación Barrié.
Se calcula que en España 2.000 familias han elegido educar a sus hijos en casa, no son datos oficiales porque esta práctica no está reconocida legalmente, así que estos números se obtienen en base a las personas que están asociadas a los diferentes movimientos que la defienden. Una opción que al no estar reconocida legalmente puede acarrear consecuencias legales.