He participado como representante de la International Federation for Family Development en el Debate que ha celebrado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la protección de la familia, el pasado día 15 en Ginebra. Una ocasión histórica, porque ha supuesto el reconocimiento de la importancia del tema después de muchos años. Además de cinco expertos, intervinieron los delegados de un buen número de países.
Uno de cada tres hogares en España, con hijos menores de edad y en la que ambos cónyuges trabajan, requiere de la ayuda de empleadas del hogar. Estos datos se extraen de una encuesta realizada por Nidmi, la plataforma digital especializada en la selección de personal doméstico y cuidadores para la familia, entre 1.000 hogares españoles.
Los ingresos de las familias numerosas que residen en Euskadi resultan insuficientes a este colectivo para llegar a fin de mes sin tirar de ahorros o endeudarse. El nivel de ganancias de estos hogares es similar al resto con el añadido de que deben repartir esa cantidad entre más miembros, dos progenitories y tres o más hijos. En casi la mitad de estas casas, el 44,1%, entran menos de 3.000 euros, con lo cual tocan justo seiscientos euros por cabeza. La situación empeora para el 8% de estas familias que ingresa menos de 1.500 euros. No es de extrañar que el 22,1 % de esta familias declare estar ahogadas en deudas o haber tenido que recurrir a ahorros para afrontar el mes.
Mucho se habla estos días de educación y muchos ponen como referencia el modelo de Finlandia, un país que hasta hace pocos años malvivía de la pesca y que ahora se ha colocado a la cabeza de la tecnología y la innovación en Europa y en el mundo. Este verano he tenido la oportunidad de viajar al país, una maravilla por sus lagos, sus bosques y el orden que allí reina. Los finlandeses son muy diferentes a nosotros: muy herméticos, poco sociables y muy educados. Ojo, que no digo yo que no seamos educados, ¡ni mucho menos! Son trabajadores y tienen claro que para prosperar y vivir mejor tienen que apostar fuerte por la educación, y es lo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo.
Los defensores del pueblo de España y de las autonomías han reclamado hoy a las instituciones la implantación en todo el Estado de una prestación económica a familias en situación de exclusión social que cubra las necesidades asociadas a una vida digna y que esté ligada a la inserción sociolaboral.Ésta es una de las peticiones recogidas en la declaración que se ha aprobado hoy en las XXIX Jornadas de Coordinación de Defensores de Pueblo, que se han celebrado en Vitoria con el título “Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social económico: respuesta de los poderes públicos”.
El descenso de la natalidad, el aumento en la edad de la maternidad y la mayor longevidad de los españoles han derivado en nuestro país en un envejecimiento demográfico y un declive de la población de consecuencias que pueden ser muy graves. Una de las causas es la falta de una política activa de apoyo a la familia. En cambio, en otros países desarrollados, están tomando cartas en el asunto.