Tener padres autoritarios aumenta el riesgo de consumo de drogas en adolescentes, según ha mostrado un estudio internacional liderado por el Instituto Europeo de Estudios en Prevención (Irefrea), cuya sede se sitúa en Mallorca, junto a otras universidades españolas (Oviedo, Santiago de Compostela y Valencia) y europeas.
Gobiernos, agencias internacionales y otras organizaciones analizarán en la sede de la ONU fórmulas para mejorar la situación de los jóvenes con discapacidades y para que sus derechos sean impulsados dentro de la nueva agenda global de desarrollo. Esos son los dos objetivos principales de la séptima sesión de la conferencia de países parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, que desarrollará hasta el jueves.
Desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se han centrado ahora en analizar cómo afecta el tipo de ocupación de los progenitores a los resultados de sus hijos. Y afecta mucho. El informe calcula que en España hay un 5% de alumnos con padres en los niveles más básicos de ocupación, porcentaje en que Europa baja al 2%. En cuanto a las ocupaciones cualificadas, en España representan el 44%, 15 puntos menos que en la OCDE.
Los padres, en ocasiones, no son capaces de saber escuchar a sus hijos y ayudarles a tomar el camino adecuado, complicando, quizá, aún más las cosas. Frente a este tipo de conflictos, frecuentes en muchos de los hogares donde haya un joven ultimando sus días en el bachiller, ¿cómo deben actuar los padres? Expertos en educación ofrecen una serie de claves y consejos.
La población en edad comprendida entre los 16 y los 29 años considerada migrante al extranjero es ya de 17.848 personas, lo que representa un 12% del total de la población juvenil asturiana, frente al 4,31% de España, según datos del INE. El paro, la falta de salidas profesionales, los bajos salarios o simplemente la falta de expectativas, fuerzan a los jóvenes asturianos a buscarse la vida más allá de nuestras fronteras.
El Tribunal Constitucional (TC) avala el desahucio de un matrimonio al entender que no concurre el requisito de unidad familiar previsto en la ley de protección de los deudores hipotecarios, puesto que los afectados son una pareja casada sin hijos.